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Discurso pronunciado el 7 de noviembre de 2000 por el Presidente Hipólito Mejía.

 

Pueblo dominicano:

Esta noche quiero anunciar a todo el país que estoy sometiendo a la consideración del Congreso Nacional para fines de aprobación un proyecto de ley que reforma el Código Tributario del país.



La tasa del Impuesto sobre la transferencia de bienes industria1izados y servicios, el ITBIS, será elevada a 12 por ciento, quedando por debajo de la mayoría de los países de América Latina.  La base imponible del ITBIS será aumentada, para incluir un conjunto de bienes y servicios que hasta el día de hoy estaban exentos del pago de este impuesto.

 
En lo adelante, pagarán el ITBIS la publicidad, los seguros, los servicios de igualas de cualquier naturaleza, los pasajes aéreos, los servicios jurídicos y profesionales, los alquileres de locales comerciales, industriales y profesionales, los servicios de lavandería, los servicios de vigilancia, todo tipo de apuestas y juegos de azar, de entretenimiento y diversión, y de correos.

Seguirán exentos del pago del ITBIS, el arroz, la carne de pollo, las habichuelas, los guandules, la yuca, la batata, el plátano, el guineo, la papa, la auyama, la berenjena, la cebolla, el ají, el ajo, las frutas frescas, las verduras, las legumbres, las hortalizas, la carne de res, la carne de cerdo, el salami, el salchichón, el bacalao, el arenque y las sardinas, incluyendo la pica-pica.
También seguirán sin pagar el ITBIS, la leche, los huevos, el maíz, el trigo, la harina, el pan, los aceites comestibles, el chocolate en barra, el café, el azúcar, y las pastas alimenticias.
Otros bienes no alimenticios como las medicinas, las computadoras, el papel de periódico y los libros y revistas científicas serán excluidos del pago de este impuesto.


Y para incentivar la inversión, permitiremos a las empresas deducir el ITBIS pagados en las compras de bienes de capital, de la liquidación final de dicho impuesto.
Como se puede advertir, los principales alimentos que consumen las familias pobres del país y aquellos que tienen una incidencia directa en la inversión productiva, la salud y la educación, no serán afectados por la reforma del ITBIS que estamos sometiendo al Congreso Nacional.

La tasa del impuesto selectivo al consumo sobre los cigarrillos será elevada a un 50 por ciento. Igualmente, la tasa que se aplicará al ron y al vino será de un 35 por ciento.

La cerveza de tendrá un selectivo de 30 por ciento, mientras que el whisky y otras bebidas alcohólicas pagaran el 40 por ciento.

A los productores de bebidas alcohólicas, a diferencia de lo que sucede actualmente, se les permitirá deducir el impuesto selectivo que pagan cuando compran el alcohol para ser utilizado como materia prima.

En el caso de los vehículos se cambiaría la estructura actual del impuesto selectivo por un sistema más sencillo y menos sujeto a discrecionalidad. A todos los vehículos nuevos se les aplicará un deducible de 7 mil dólares.

 

De 7 mil a 20 mil dólares, el impuesto será de 25 por ciento y aquellos que tengan un valor superior a los 20 mil dólares se gravaran con un 50 por ciento.

Los impuestos selectivos al consumo de 10 por ciento que gravan los seguros y los pasajes aéreos así como el de 5 por ciento que recae sobre las habitaciones hoteleras serán eliminados, para compensar por la inclusión de estos servicios en la base del ITBIS y por la mayor tasa que tendrá ahora este impuesto.

En el caso de los vehículos usados, propondremos un régimen impositivo diferenciado que regule la importación de unidades ineficientes de alto consumo de combustible y que afecten el medio ambiente.

 
En el Acuerdo de Caracas, hemos logrado facilidades de financiamiento adicionales a las que teníamos. Pero el financiamiento, hay que pagarlo y se paga con dólares. Para que el Banco Central pueda reunir los dólares, sin presionar la tasa de cambio, lo menos que podemos hacer es entregarle los pesos de la deuda externa, que para el 2001 superan los 10 mil millones de pesos. Si no lo hacemos, la estabilidad colapsaría.

 
Si la estabilidad colapsa, la inflación sería enorme y el salario real de los trabajadores se desplomaría. Los más perjudicados, si perdemos la estabilidad, serían los pobres y los que menos ganan.

 
Los ingresos por el diferencial del petróleo, con los precios de venta vigentes aquí y en el mercado mundial, apenas generarán 3,982 millones de pesos una vez les deducimos el aporte a los ayuntamientos, a los partidos políticos y el costo de los cupones del subsidio a los pobres en la compra de gas propano. Tendríamos un faltante cercano a 7,000 millones de pesos.

 

La comisión de cambio de 5 por ciento que cobra el Banco Central no alcanzaría para cubrir este déficit. No he olvidado que tenemos el compromiso de ir eliminando dicha comisión.

No obstante, esta decisión estará sujeta a que logremos eliminar totalmente el faltante de pesos para el pago de la deuda externa.

 

Por eso, tan pronto el Congreso Nacional nos remita la Ley de Hidrocarburos, la promulgaremos inmediatamente para despolitizar los precios de una vez por todas y dejar que estos fluctúen de acuerdo a los precios internacionales del petróleo.
Aunque la Ley de Hidrocarburos establece la eliminación del subsidio generalizado del gas licuado de petróleo, he decidido mantener un subsidio focalizado a las familias más pobres del país, para que puedan comprar el gas a un precio razonable.

La reforma impositiva que sometemos a la consideración del Congreso Nacional va más lejos que la simple modificación del ITBIS y los impuestos selectivos al consumo.

Con la siguiente reforma, derribaremos una de las barreras que ha impedido la transparencia de los estados financieros de las empresas dominicanas.
Eliminaremos prácticas y concepciones que han estimulado la evasión y el escondite de los patrimonios en el país.

 
Es por esa razón que hemos tomado la decisión de transparentar y hacer más eficiente el impuesto sobre la renta.
Para ello, estoy enviando de inmediato al Congreso Nacional una propuesta de reforma de este impuesto.

 

Pueblo dominicano, para garantizar que todo el mundo pague lo que debe pagar, propondremos sustituir el actual sistema de anticipo del impuesto sobre la renta.
El nuevo anticipo se pagaría mensualmente y sería equivalente a un mínimo del 2

por ciento de los ingresos brutos de las empresas.



 
El pago del 2 por ciento de los ingresos brutos será deducible de la liquidación final del impuesto sobre la renta. Este anticipo se convertirá en el impuesto mínimo sobre la renta que pagarán las empresas del país.

El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de exceptuar del pago del anticipo a las explotaciones agropecuarias, a fin de que puedan mejorar su estado actual de precariedad financiera.

 

Queremos que los pequeños y medianos agricultores comiencen a ganar dinero y a capitalizarse sin necesidad de depender eternamente de créditos subsidiados y endeudamientos impagables.



 
Para las empresas que pagan regularmente sus impuestos sobre la base de un anticipo por encima del 2 por ciento, se mantendrá la misma tasa efectiva vigente, la cual será deducible de la liquidación del impuesto sobre la renta.

 
En el marco de la reforma propuesta del impuesto sobre la renta se fijará tambiénuna retención del 2 por ciento de los pagos que realicen el Gobierno Central y las entidades descentralizadas y autónomas a empresas y personas que venden servicios al Estado.

Igualmente, se le exigirá a los proveedores del Estado una certificación de que están al día en el pago de sus obligaciones tributarias.

 

Con estas medidas perseguimos aumentar la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta. Terminó la era en que se creaban empresas fantasmas para vender al Estado y que desaparecían una vez que cambiaba el Gobierno.

 
La reforma del impuesto sobre la renta eliminará la retención de 15 por ciento sobre los intereses pagados al exterior por las empresas. También reconocerá como gasto deducible de la renta imponible, las nuevas provisiones que constituyan las entidades financieras para cubrir activos de alto riesgo, con lo cual estimularemos la transparencia en el sistema bancario nacional.

 
No son pocos los empresarios que se han acercado a mí para decirme que el principal problema de los impuestos en la República Dominicana, es que el Estado no le garantiza al contribuyente un tratamiento equitativo.

 

Argumentan con razón, que pueden ser desplazados del mercado en que participan si pagan los impuestos cómo debe ser, pues sus competidores podrían no pagarlo.

A esos amigos empresarios, les aseguro que el tratamiento desigual termina a partir de hoy.

 

Soy un hombre de palabra. Pero más que eso, soy un hombre que toma decisiones.

Decisiones justas y realistas. Decisiones que son necesarias para rescatar la confianza del pueblo dominicano en su Gobierno.

Sin esa confianza jamás lograremos nuestro propósito. Por eso, los que paguen sus impuestos tendrán que ver, comprobar y sentir que haremos un Gobierno honesto, transparente y responsable como pocas veces ha existido en nuestra historia.

 

Y aquellos que esperan recibir los beneficios que le corresponden, comprobarán también que haremos un uso racional de los recursos; sin abusos, sin politiquería y sin derroches ni estridencias.

Quiero anunciar a todos los empresarios del país, que propondremos la modificación del Artículo 47 del Código Tributario que se refiere al Deber de Reserva de las informaciones tributarias.

 

Toda empresa que pague sus impuestos podrá solicitar y deberá recibir de la Administración Tributaria, la información sobre los impuestos pagados por las empresas que son sus competidoras en el mercado.

Con esa información en la mano, podrán exigir a la Administración Tributaria que a todas las empresas se les mida con la misma vara.

 

La era de las informaciones ficticias y falsas en el pago de los impuestos terminará con estas medidas. Con ello también superaremos la vieja práctica de declarar pérdidas o subvaluar ventas.

A los evasores les hago una sola advertencia: Hipólito Mejía, la Dirección General de Impuestos Internos y los empresarios que siempre han pagado sus impuestos, estaremos muy atentos al cumplimiento de las obligaciones fiscales.

 

En cuanto al Impuesto sobre la Vivienda Suntuaria y Solares Urbanos no Edificados, nos proponemos sustituirlo por un Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria.

Todas las propiedades inmobiliarias que tengan un valor superior a los 2 millones de pesos quedarían gravadas con una tasa del 1 por ciento.

 

Hemos propuesto una tasa reducida si se tiene en cuenta que en Taiwán la tasa de este impuesto alcanza hasta un 7 por ciento, y en Brasil, hasta el 5 por ciento.

El dinero recaudado por este impuesto, lo destinaremos al financiamiento del Programa de Lucha contra la Pobreza.

 

Esta modificación en el impuesto a la propiedad inmobiliaria irá acompañada de varias compensaciones que han sido un viejo anhelo de muchos sectores del país.

Por ejemplo, nos proponemos unificar y reducir todos los impuestos sobre las transferencias y actos traslativos de la propiedad inmobiliaria, fijando su tope en un 3 por ciento.

 

Queremos anunciar esta noche a todo el país, que en nuestra propuesta de reforma estamos procediendo a introducir modificaciones al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que fue establecido desde 1950.

 

De una tasa de 32 por ciento más otros cargos adicionales que pagan los que reciben una herencia, se fijará como tasa máxima un 10 por ciento, sólo para los que reciban legados superior a medio millón de pesos. Quedarán exentos de este impuesto la casa familiar y su mobiliario.

 

Anuncio también que estamos sometiendo al Congreso Nacional una propuesta de ley donde se modifican un conjunto de leyes impositivas obsoletas.
Tal es el caso de los impuestos sobre documentos, tasas a las placas de los vehículos y otros de baja recaudación que provocan pérdidas de tiempo a los contribuyentes y desestimulan la actividad económica.

 
Estamos instruyendo a la Dirección de Impuestos Internos para que ponga en practica un Régimen Simplificado de Tributación a los pequeños contribuyentes y profesionales liberales.


Igualmente, les daremos las facilidades de pagos necesarias a los ciudadanos y comercios que tengan deudas con el fisco y que no han podido pagar por los intereses y recargos acumulados.

La reforma tributaria incluirá también otra dilatada aspiración de los empresarios dominicanos: una amnistía fiscal.
Y como medida que corregirá el injusto sistema de penalización por el retraso en eln pago de los impuestos, he decido proponer que se reduzca de un 25 a un 10 por ciento los recargos establecidos en el Código Tributario.


Se otorgará una amnistía fiscal a las personas físicas y jurídicas que quieran transparentar sus activos, patrimonios, inventarios y al mismo tiempo deseen liberarse de las fiscalizaciones de los últimos tres ejercicios fiscales.


Debo advertir, sin embargo, que ésta es la última amnistía que verán en los próximos 4 años. Los que siempre han pagado sus impuestos no tendrán que acogerse a esta amnistía. Para los que han pifiado, esta es su última, oigan bien, su última oportunidad.

 
Para finalizar, estamos sometiendo al Congreso la reforma de los aranceles.

La reforma arancelaria no puede posponerse por más tiempo. He asumido un compromiso con los Presidentes de Centroamérica. He dado mi palabra de gestionar ante el Congreso Nacional la ratificación de los acuerdos de libre comercio que hemos firmado con los países centroamericanos y los países miembros del CARICOM.

 

Para que la ratificación de estos acuerdos sea posible, se requiere la aprobación de la reforma arancelaria que se encuentra depositada en el Congreso Nacional y que reduce los aranceles a 20, 14, 8, 3 y 0 por ciento.

 

Realizar la reforma arancelaria con las nuevas tasas señaladas y en la realidad actual, implica una pérdida fiscal de más de 6,500 millones de pesos.

Para que el pueblo dominicano comprenda la trascendencia de esta medida, con todo y que aumentamos el ITBIS al 12 por ciento, ampliamos la base y subimos los selectivos al consumo, apenas compensamos las pérdidas por la reducción de los aranceles.

 

Esta reforma nos permitirá elevar nuestra competitividad. Nos facilitará el proceso de adaptación a la economía global. Nos hará más eficientes. Promoverá la competencia interna y estimulará rebajas de los precios de los bienes que consume el pueblo dominicano.

 

Quiero anunciar también que he impartido instrucciones precisas al Secretario de Estado de Finanzas a fin de que proceda a convocar una licitación para contratar servicios de pre-inspección de valores de las importaciones. Estos servicios serán ofrecidos por varias empresas de gran reputación y experiencia internacional. La subvaluación es un cáncer que debe ser extirpado sin más demoras.

 

Quien les habla está convencido de que la situación macroeconómica del país es delicada. Las elevadas tasas de interés, la pérdida de nuestras de reservas de divisas y el retorno del fantasma de la inflación amenazan con dar jaque mate al progreso que necesitan y merecen todos los dominicanos en los próximos años.

 
Quien les habla está plenamente consciente de los riesgos que tenemos de frente.
Estoy consciente de que la posposición de estas medidas y reformas por un día más implicaría un alto riesgo para la estabilidad y el bienestar del país. No podemos dilatar la adopción de las reformas que estaré sometiendo al Congreso Nacional para su aprobación definitiva en los próximos días.

El país pide que actuemos, qué actuemos ahora.
Igualmente, me propongo gestionar ante el Congreso Nacional el conocimiento y aprobación de otras importantes reformas pendientes.

 

Proyectos como la Ley General de Electricidad, la Ley General de Salud y la de Seguridad Social y el Código Monetario-Financiero deben también ser aprobadas en
 el menor tiempo posible por la trascendencia que tienen para el desarrollo económico y social del país.

 

Yo espero y confió que el Congreso Nacional sabrá responder con altura y responsabilidad a este reto histórico que tiene el país y hará posible que las reformas y medidas que estoy proponiendo entren en vigencia dentro de un plazo muy breve.

Con ello, el balance normal entre la autoridad ejecutiva y legislativa sería compatible con la tarea sin precedentes que tenemos por delante.

 
Quien les habla no está dispuesto a evadir por un solo instante la responsabilidad que tiene por delante.
Estoy convencido que el pueblo que me eligió mayoritariamente el pasado 16 de mayo, no me perdonaría si como Presidente de la República, ante una situación crítica que amenaza con crear más pobres y sepultar las esperanzas de los que viven en la miseria, me lavase las manos como Pilatos y me limitase a someter proyectos al Congreso y a esperar meses, y quizás años, para que sean aprobados, cuando ya sea demasiado tarde.


Los que piensan que El Presidente se cruzará de brazos frente a una coyuntura tan delicada como la que tenemos de frente, se equivocan.
Ha llegado el momento de que nos ajustemos a las nuevas realidades.


Desde la oposición siempre alerté sobre la necesidad de compensar a los grupos más pobres de la sociedad de los efectos dolorosos que tienen algunas de estas medidas y reformas.


Desde la Presidencia de la República, sigo manteniendo el mismo criterio
Es por esa razón, que una vez el conjunto de medidas que he propuesto sean aprobadas en el Congreso, anunciaré mediante decreto, un aumento del salario mínimo para los empleados públicos. Este aumento abarcará a todos los sectores incluyendo a los pensionados.


Confío, que El Comité Nacional de Salario, pueda llegar a un acuerdo rápido para que este aumento beneficie también a los trabajadores privados.
Asimismo, estoy proponiendo una modificación a la Ley de Impuesto sobre la Renta a los asalariados, para aumentar de RD$8,500 a RD$10,000 la exención en el pago de este impuesto.

 
Anuncio también que la tarifa eléctrica, excepto por los ajustes de precios por inflación o por las variaciones en la tasa de cambio, se mantendrá congelada y que el Gobierno seguirá absorbiendo el impacto del alza de los precios del petróleo en el costo de la generación de electricidad.
 

Esto significa un sacrificio fiscal de mas de 4,500 millones de pesos al año.
Para asegurar un uso racional y austero de la energía eléctrica por parte del Gobierno, estoy impartiendo instrucciones a la CDE para que lleve un estricto monitoreo del consumo mensual de energía en cada institución publica.


Los consumidores, en general deben también asumir su responsabilidad en este asunto ya que sólo con la voluntad colectiva podemos enfrentar esta grave situación.
También estamos instruyendo a la Oficina Nacional de Presupuesto a que le descuente automáticamente del presupuesto asignado a cada institución, la factura por consumo de energía, monto que será transferido a la CDE para su pago a los

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