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Memorias 2003, Discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional

27/02/2004
Congreso Nacional
27 de febrero de 2004


Señor Jesús Vázquez Martínez, Honorable Presidente de la Asamblea Nacional,

Señor Alfredo Pacheco, Honorable Presidente de la Cámara de Diputados,

Doctora Milagros Ortíz Bosch, Honorable Vicepresidenta de la República,

Doctor Jorge Subero Isa, Honorable Presidente de la Suprema Corte de Justicia,

Señor Luis Arias, Presidente de la Junta Central Electoral

Licenciado Víctor Céspedes, Procurador General de la República,

Monseñor Timothy Broglio, Nuncio Apostólico de su Santidad, Juan Pablo II, Decano

del Honorable Cuerpo Diplomático,

Señora Rosa Gómez de Mejía y mis queridos hijos,

Señores Miembros de la Asamblea Nacional,

Señoras y Señores:

Pueblo Dominicano:

Hoy 27 de febrero, fecha de la Independencia Nacional, es el día asignado al Presidente de la República para presentar el Estado de la Nación e informar al país sobre las realizaciones del Gobierno y lo que nos proponemos hacer en los meses por
venir.
Depositaré las memorias de las ejecutorias a la Asamblea Nacional, y dedicaré el resto del tiempo a conversar con mi pueblo, sobre la crisis que nos afecta, sus causas, nuestras responsabilidades y lo que nos proponemos hacer para recuperar el terreno perdido y apuntalar las esperanzas que la gente depositó en nosotros. Los últimos sucesos acaecidos en nuestra patria han producido descontento y distanciamiento entre nosotros.

Por eso les hablaré con toda sinceridad sobre los temas que interesan al pueblo dominicano en esta difícil y transitoria situación.
Mucho se ha dicho sobre mi decisión de postularme nuevamente a la Presidencia de la República, mucha crítica e ira se ha desatado.
Es necesario que ustedes compartan mi visión del momento histórico y del futuro de la República Dominicana.

Cuando comencé mi Gobierno, contábamos con un Programa de Acción elaborado para servir a la gente, a ser desarrollado en cuatro años.
De hecho, en los primeros años de Gobierno demostramos, al ritmo que llevábamos, que podíamos lograr el cumplimiento de las metas que, a nuestro juicio, permitirían
a los dominicanos y dominicanas transitar por un sendero de progreso estable, mitigando a la vez la profunda deuda social que nuestra Patria tiene obviamente con sus hijos más humildes.

Estamos en crisis y quien quiera negarlo, sólo se coloca una venda ante sus ojos. He dicho que estamos en crisis, pero no he dicho que estemos derrotados. Podemos tener problemas, enfrentar obstáculos, atravesar momentos de vacas flacas, pero
jamás bajaremos las manos, jamás nos declararemos vencidos y jamás perderemos la Fe.

El 16 de agosto del año 2000, asumí la Presidencia de la República con el único compromiso de hacer todo, absolutamente todo, lo que estuviese a mi alcance para mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano.
Pero aquí han ocurrido hechos imprevisibles, desastres económicos catastróficos, desfalcos y estafas sin precedentes.

Hay quienes se han aprovechado del pueblo dominicano y de las debilidades de nuestro sistema jurídico, institucional y económico.
Hay quienes no soportan que nuestro norte sean las dominicanas y dominicanos y sus familias, en vez de sus cuentas bancarias y sus intereses especulativos.
Hay quienes creen que el gobierno, incluso de un país democrático, debe estar al servicio de algunos poderosos y confunden los intereses nacionales con las ambiciones desmedidas de grupos particulares.

Así como hoy no quiero culpar a nadie de las responsabilidades de mi gobierno, no estoy dispuesto a permitir que a este gobierno se le culpe de aquello que no le corresponde.
La verdad, pueblo dominicano que me escucha y que me ve, es que desde que asumí la Presidencia de la República hemos tenido que hacer frente al conjunto más devastador de problemas externos e internos que registra la historia económica de la
Nación.

En el 2001 y el 2002, los choques externos limitaron sustancialmente el crecimiento y bienestar de nuestro país.
El estancamiento de la economía de este país y la norteamericana, el alza sustancial de los precios del petróleo, los ataques terroristas del 11 de Septiembre, la incertidumbre generada por los conflictos bélicos en Afganistán y luego en Irak.
También la caída del flujo de inversión extranjera que se produjo en la América Latina debido a la crisis de Argentina, Venezuela y Uruguay, produjeron un ambiente externo muy difícil para la economía dominicana.

Estos choques externos afectaron sensiblemente las exportaciones, el turismo, las zonas francas, el flujo de inversión extranjera, y presionaron excesivamente los gastos de divisas para pagar las importaciones de petróleo.

El Fondo Monetario Internacional estimó que esos choques externos en el 2001 y en el 2002 nos produjeron una pérdida de 2 mil 350 millones de dólares.

Los efectos de los choques externos, con excepción del representado por el alza de los precios del petróleo que todavía coloca esos precios a niveles tres veces más altos que los vigentes en 1998, comenzaron a desaparecer en septiembre del 2002.
El año 2003 apuntaba hacia un futuro promisorio y de esperanzas, para el pueblo dominicano.

Sin embargo, una bomba de tiempo, subterránea y artera, hacía años atrás había comenzado su cuenta regresiva.

Acontecimientos imprevistos, frustraron las optimistas expectativas económicas, cuando el país fue sacudido por la quiebra de tres bancos, con un costo cercano a los 3 mil millones de dólares.

Fue así como llegamos a la crisis bancaria más devastadora de la historia dominicana.
No fue fácil enfrentarla.
Todas las esperanzas que el país tenía cifradas en el 2003 se desvanecieron.
En ese momento, nuestro avance sostenido, nuestro plan de mejoramiento de la calidad de vida de las familias dominicanas, nuestro trabajo de Partido preocupado por los destinos de los más pobres, de los trabajadores, de los niños, mujeres y ancianos, se detuvo.

En ese momento, el futuro que habíamos soñado, que habíamos previsto en el país y que estábamos haciendo realidad, se alejó.
Las autoridades monetarias de mi Gobierno solicitaron la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para determinar la vía menos perjudicial para hacer frente a la crisis bancaria más
grande, jamás registrada.

Durante esos días difíciles, momentos en los que vi el desconcierto apoderarse de muchos dominicanos, a mis oídos llegaron recetas y fórmulas para conjurar el peligro.

Y había una historia que me repetían con insistencia. Era la más simple: no reconocer los ahorros y depósitos de la gente en las instituciones bancarias en quiebra, pues así evitaríamos que las finanzas públicas se desangraran.
¿Habría sido eso una solución justa?
No.

Eso habría significado dejar a la deriva y condenar al fracaso a miles de familias, comercios, pequeñas empresas, empleados e incluso instituciones.
Y lo que muchos no veían, era que tras cada cuenta de un colmado, pequeña industria, o mediana empresa existían rostros, esperanzas, anhelos quebrados de
muchos dominicanos y dominicanas sorprendidos por el súbito colapso de la banca.
Me negué de plano a esa solución y asumí las responsabilidades que se derivaron del curso que seguimos.

Mi decisión coincidió con las recomendaciones de las autoridades monetarias y con las de los expertos de las instituciones internacionales de financiamiento, al considerar que la posibilidad de contagio a todas las entidades bancarias y del consecuente colapso del sistema de pagos de la nación. Mi decisión evitó la catástrofe.

Muchos aseguran con simpleza que cometimos un error; que lo correcto era dejar en absoluta desprotección a los cientos de miles de ahorrantes, comenzando con los depositantes más grandes, que encabezaban las asociaciones de ahorro y préstamo, otros bancos comerciales y fondos de pensiones y jubilaciones.
¡Qué fácil habría sido!
¡Qué sencillo es decir que quienes confiaron en el sistema bancario, se resignaran a perder sus ahorros!
Pero así no actúa un gobierno responsable. Así no actúa el Presidente que les habla.

Eso es simplemente una aceptación ciega de la teoría económica convencional, teoría que olvida que detrás de una cuenta de ahorros hay una persona jubilada, detrás de un depósito hay una familia y detrás de un crédito hay una empresa que está dando trabajo a dominicanas y dominicanos, o administrando los fondos de pensiones de miles de trabajadores.

Mi gobierno debió elegir en ese momento entre esa teoría económica y la gente. Entre la supuesta solvencia económica del país y los derechos, ahorros, necesidades y sueños de la gente, no tuve ni un momento de duda.
Opté por proteger a la gente porque era la forma de proteger a la Nación, de proteger a todos sin discriminación.

¿Qué es un país, si no la suma de su gente, de sus familias, de sus mujeres, de sus jóvenes, de sus niños y envejecientes.
Estoy convencido de que optar en ese momento por la gente fue la mejor decisión y no tengo problema en enfrentar a los oportunistas que pregonan que la decisión tomada fue incorrecta.

Para algunos privilegiados que desde hace años tienen sus ahorros en dólares invertidos o depositados en el exterior, resulta muy fácil dar cátedra de lo que habría sido correcto o incorrecto.

Ellos coinciden en que era mejor no pagar a los ahorrantes y depositantes defraudados, en que era mejor dejar que la gente perdiera sus ahorros, sus depósitos, su capital.

¡Qué fácil es decirlo cuando el esfuerzo de su trabajo no estaba en riesgo! En ausencia de un rescate masivo de cientos de miles de ahorrantes y depositantes, no sólo los pertenecientes a los bancos insolventes iban a perder sus ahorros.
Los perderían también los ahorrantes de 19 asociaciones de ahorro y préstamos que tenían más de 2 mil millones de pesos depositados en el banco colapsado.
También iban a perderlo probablemente los ahorrantes y depositantes de tres bancos comerciales que tenían depositados más de 1,000 millones de pesos.

Y muy posiblemente, los ahorrantes y depositantes del resto de los bancos si, como pensaban las autoridades monetarias y las propias instituciones internacionales de financiamiento, el riesgo de un contagio del sistema, era inminente.

Ante un contagio, la corrida de depositantes habría destruido el sistema bancario del país y provocado una caída del producto interno bruto real no menor del 25% y un aumento sin precedentes en el desempleo.
Esa fue la catástrofe que evitamos.

La fuerte devaluación de nuestra moneda provocada por la crisis bancaria, afectó sectores importantes de la economía.

Uno de los más afectados fue el sector eléctrico. Las empresas distribuidoras de electricidad, que venían enfrentando una crisis prolongada en su flujo de caja, cayeron en una situación dramática que las llevaría a un colapso inevitable, si el Gobierno no disponía de un ajuste brutal en la tarifa de electricidad.

Luego de prolongadas negociaciones, tomamos la decisión de asumir el control de las empresas Edenorte y Edesur, ante la decisión de Unión FENOSA de no aportar mas capital a Edenorte, lo que daría paso al colapso del sistema eléctrico en toda la
región norte del país.

Cerca de 2 millones de dominicanos y dominicanas habrían quedado sin electricidad indefinidamente.

Asumo la responsabilidad de haber revertido una capitalización mal hecha, ejecutada por el Gobierno anterior, el cual estaba más interesado en aparentar modernidad que
en cuidar y defender los intereses del pueblo dominicano.
Sólo así se explica que a pesar del Estado Dominicano mantener el 50% de la propiedad en las empresas capitalizadas, el pasado gobierno acordó con los administradores privados que el Estado se sentaría como convidado de piedra, en los
directorios de las empresas capitalizadas.

Fue el Gobierno pasado el que improvisó un modelo de capitalización que, con excepción de Bolivia, no había sido puesto en práctica en el resto del Planeta.
Fue, también, el Gobierno pasado, el que estableció un nuevo sistema eléctrico, en el cual, el que genera la electricidad no es el que la cobra, de ese modo se creó una
ausencia total de incentivo que ha erosionado la viabilidad financiera del sector eléctrico.

Y, fue también, el Gobierno pasado el que invirtió en plantas generadoras ineficientes, que bajo el actual sistema, se mantienen permanentemente apagadas y para prenderlas habría que subir escandalosamente la tarifa que paga la gente.
Preocupado por todos ustedes, especialmente por la clase media y los más pobres, asumí la responsabilidad de no trasladar la totalidad de la devaluación a la tarifa eléctrica.

Consideré que si lo permitía, el impacto sobre los hogares de menor ingreso hubiese sido devastador.

Por eso tomamos la decisión de reestablecer el subsidio a la electricidad. La devaluación también afectó las finanzas públicas en el ámbito del subsidio al gas licuado de petróleo. A principios del año 2002 tomamos la decisión de eliminar el
subsidio al gas.

Pero la fuerte devaluación provocada por la crisis bancaria no dejó más alternativa al Gobierno que su reestablecimiento.

Si hubiésemos trasladado la devaluación al precio del gas, hoy tendríamos que vender el galón a 62 pesos en vez de 25 pesos, es decir, que un cilindro de 100 libras, costaría más de mil 400 pesos.

El Gobierno asumió la responsabilidad de mantener ese subsidio para evitar un empobrecimiento mayor de las familias de menor nivel de ingreso.
Reconozco ante mi pueblo, que todas estas han sido decisiones controversiales, decisiones que no todos comparten.
Pero frente a los antecedentes que teníamos y guiados por el principio de proteger lo más posible a la gente, cualquier otra salida habría sido más cara, más desastrosa y menos efectiva.

Sufrimos una crisis tan potente como la ocurrencia de un terremoto devastador, y nadie podría pretender que saliéramos ilesos cuando se nos venía la casa encima.
Se trataba de enfrentar el siniestro y de disminuir las consecuencias, protegiendo en especial a los más débiles, compromiso que mantengo y seguiré manteniendo.

Eso hicimos y es el precio que estamos pagando, sin dudas y sin remordimientos. Confiados y seguros de haber cumplido con nuestro deber. A pesar de los efectos devastadores de la crisis sobre la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales de la gente, especialmente, de los dominicanos y dominicanas de menores ingresos, nos hemos esforzado al máximo para honrar la enorme deuda social que heredamos.

Ese esfuerzo se ha reflejado en una inversión superior a 150 mil millones de pesos en los últimos tres años en los pilares fundamentales de nuestra administración, específicamente, educación, salud, alimentación, vivienda e infraestructura vial,
irrigación, energía y deporte.  La obra que hemos realizado en estos tres años y medio está ahí, a la vista de todo el mundo. Este programa de realizaciones ha sido posible porque el Gobierno, a pesar de todas las dificultades, en ningún momento ha olvidado que su compromiso fue, es y será siempre con los pobres.
Nada ni nadie ha podido, ni podrá apartarme de ese compromiso. Quiero abordar ahora un tema que da paso a un conjunto de pasiones, hijas de grupos políticos y económicos que ven en este Gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, una amenaza contra sus intereses muy particulares.

Durante los primeros años de mi administración reiteré en múltiples ocasiones que no me presentaría de nuevo como candidato a la Presidencia de la República.

Lo reiteré porque ésa era mi convicción. Pero las circunstancias cambiaron. Cambiaron para nuestro pueblo, para nuestro Gobierno y para quien les habla. Muchos podrán pensar que al tomar esta decisión, he faltado a mi palabra.
Quiero explicar mis razones:

Entre esa declaración y mi decisión de ser nuevamente candidato, afloró la crisis que empezó a incubarse en el Gobierno anterior, lo que en la práctica significó un recorte en el tiempo y en los recursos disponibles para hacer lo que nos habíamos propuesto realizar en estos cuatro años.

El surgimiento de la crisis fue una señal muy clara de que se avecinaban tiempos de grandes decisiones, pues administrar un país en crisis y salir airoso de ella, requiere de mucho coraje y voluntad para avanzar, contara viento y marea, hacia los tiempos buenos.

Los que reprochan mi decisión, saben que siempre he sido, soy y seré un hombre responsable.
Y un hombre responsable, no puede rehuir el reto dramático que enfrenta nuestro país, de salir airoso ante la más seria crisis económica y social de nuestra historia reciente.
Lo que estamos cruzando no es un río tormentoso. No.
Lo que hoy atraviesa la nación dominicana es un océano sacudido por vientos huracanados donde se requiere mucho temple, valor y decisión para no naufragar.
Sería una irresponsabilidad de mi parte, en momentos en que atravesamos estas aguas tormentosas, dejar el timón de la Nación en manos inseguras, sudorosas y temblorosas, que ya demostraron sus titubeos y temores en el pasado, cuando les
tocó gobernar en el período en que se incubó la crisis.

Y más aún cuando el candidato a capitán del barco, el que estrelló la nave hace cuatro años, a pesar del buen viento que soplaba, no cuenta hoy con suficiente tripulación en las cámaras encargadas de acelerar la velocidad o modificar el curso
para guiar la nave durante esta peligrosa travesía.
¿Acaso es a esta clase de improvisadores a quienes algunos pretenden entregarle de nuevo el poder para que culminen su obra de destrucción masiva?

El destino nos puso por delante pruebas serias, muy serias. Por eso me presento, para que sean el pueblo y los más pobres, quienes democráticamente decidan si deben darme a mi y al PRD la oportunidad de completar la tarea de sacar al país de esta crisis que otros fabricaron.

Nunca he rehuido a mis deberes. Y ahora, cuando debo actuar con responsabilidad y hombría, no voy a mandarme y establecerme tranquilamente en Gurabo, como si en el país no estuviese pasando nada.
Pueblo dominicano que me ve y escucha.

Ese no es ni será nunca Hipólito Mejía.

Ustedes lo saben bien.

En tiempos de crisis, el activo más importante para salir airoso es la gobernabilidad.

En ausencia de gobernabilidad, crisis profundas como las que estamos viviendo, generan protestas sociales incontrolables que arrasan con instituciones y democracias.

El pueblo dominicano tomó la decisión en los años 2000 y 2002, de dotar al país de uno de los niveles de gobernabilidad más impresionantes de la región latinoamericana, cuando entregó al Partido Revolucionario Dominicano, el Poder
Ejecutivo, el Senado de la República, una cuota importante de la Cámara de Diputados y casi la totalidad de los ayuntamientos.

Esa elevada cuota de participación que mantiene el PRD en los poderes del Estado, unida a su incomparable identificación con las aspiraciones y deseos de la familia dominicana, nos ha permitido atravesar esta dramática crisis, sin la ocurrencia de
desbordamientos sociales.

Estos tiempos, reitero, requieren de mucha gobernabilidad y de presidentes que no estén evadiendo, por su elevado costo político, la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para superar la crisis.
Si algo ha caracterizado a este Gobierno es que ha tomado decisiones responsables y justas y no ha escondido la cabeza bajo las arenas de la crisis.

Al contar con el respaldo de un partido que tiene una enorme presencia en los poderes del Estado y en los sentimientos de nuestra gente, hemos podido transitar por estas aguas tormentosas sin estallidos o desbordamientos sociales.
Es cierto. Soy el primero en reconocer que todo está caro, debido a las estafas y fraudes financieros que nos han afectado.

Y los salarios, en consecuencia, cada vez compran menos.
Pero este Gobierno no va a descansar un sólo instante hasta que los precios de todos los bienes y servicios que consume la gente, se sitúen en los niveles requeridos para mejorar las condiciones de vida de la población.

Espero que aquellos que especulan, motivados por su infinito afán de lucro, estén conscientes de las consecuencias que provocan y de los riesgos que asumen con su comportamiento abusivo.

Las acciones desaprensivas de esta minoría conducen a un empobrecimiento mayor de la familia dominicana, y constituyen un atentado contra la paz social que necesitamos, para alcanzar las metas de bienestar económico y social que nos hemos trazado.

Conciente de que para alcanzar este objetivo debemos contar con el apoyo del sector privado, con profundo beneplácito anuncio al país que en el día de hoy hemos creado el Consejo Consultivo Presidencial.

Consejo que tiene por misión ser un órgano consultor del Poder Ejecutivo compuesto por 7 personalidades del sector Privado con una gran visión del desarrollo económico social, con reconocido sentido pragmático y gerencial, y con profunda vocación de servicio al bienestar general.

El reto que tenemos por delante los dominicanos es enorme. Sólo una reforma fiscal bien articulada y consensuada que modifique la estructura tributaria y convoque la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen, unida a una
racionalización del gasto público, creará las condiciones para la estabilidad permanente, sin tener que acudir al financiamiento internacional.
La realidad ha demostrado que ese tipo de reformas requiere la existencia de un nivel intenso de gobernabilidad.

Ha revelado también que si lo que prevalece es la duda, un presidente indeciso, las reformas se estancan y la economía generalmente colapsa, llevándose de encuentro muchas de las instituciones que sirven de base a la democracia.

Por eso, dominicanos y dominicanas que me escuchan y ven, me vi precisado a modificar mi decisión, en contra de mis más íntimas convicciones, y en contra de la voluntad de muchos de mis hermanos y hermanas del Partido Revolucionario
Dominicano que aspiraban a la candidatura presidencial.
No tengo la menor duda de que si somos capaces de unirnos como Partido, como Proyecto de Nación, ningún político agorero que desconfía de las capacidades dominicanas, tendrá la oportunidad de vencernos en las elecciones que se aproximan.

Propicia es la ocasión para honrar la memoria de 4 de los más importantes constructores de la democracia Dominicana: Me refiero al Doctor José Francisco Peña Gómez, al Doctor Joaquín Balaguer, al Profesor Juan Bosch y a Don Antonio Guzmán
Fernández.
Las y los perredeístas tenemos un compromiso con nuestro pueblo, con nuestra gente.
Nuestra unión garantiza la permanencia de lo más preciado que tenemos los hijos de esta tierra: la paz social.

Los perredeístas nunca deberíamos olvidar la proclama del más grande líder popular de la historia dominicana, nuestro mentor José Francisco Peña Gómez: el PRD unido jamás será vencido.

Seguiré sin descansar buscando todos los caminos que nos conduzcan a la unidad.

 

 

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