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Rendición de cuentas. Discurso pronunciado ante la Asamble Legislativa por
el honorable Sr. Presidente de la República Hipólito Mejía
 

27 de Febrero 2003

Señor Andrés Bautista, Honorable Presidente de la Asamblea Nacional

 

Señora Rafaela Alburquerque Honorable Vicepresidenta de la Asamblea Nacional
 

Honorables Miembros de la Asamblea Nacional

Señor Jorge Subero Isa, Honorable Presidente de la Suprema Corte de Justicia

Distinguidos Miembros del Cuerpo Diplomático

Autoridades Civiles y Militares

Invitados Especiales

Pueblo Dominicano:

Hoy 27 de febrero, al rendir cuentas sobre el estado de la Nación, quiero comenzar mis palabras con una exhortación: CUIDEMOS NUESTRO PAIS.


Cuidemos el tesoro más preciado que nos dejaron Duarte, Sánchez y Mella, cuando fundaron la República, un día como hoy, hace 159 años.


Este es un momento en que la incertidumbre predomina en todos los rincones de la geografía mundial, debido a una cadena de acontecimientos, que han afectado a la mayoría de los países y economías del mundo.


Las amenazas de guerra, la pérdida de credibilidad en los mercados de capitales, el desaliento de los consumidores inducido por el temor a nuevos ataques terroristas, el prolongado estancamiento de las principales economías del mundo, y las crisis
políticas que enfrentan algunos países de la región, muestran que el mundo incursiona en el nuevo siglo, bajo el signo de la incertidumbre.


En medio de ella, CUIDEMOS NUESTRO PAIS. Hagamos todos, un esfuerzo conjunto por sostener la paz social, la fortaleza de nuestras instituciones, nuestros mercados y capacidad productiva, nuestra convivencia cívica.


Practiquemos el diálogo y preservemos la paz. Fomentemos el acuerdo, no la confrontación. En el mar revuelto que navegamos, las conductas irresponsables pueden conducir al naufragio.


No de un Presidente, ni de un Gobierno. No de un Partido, sino de toda la Nación. CUIDEMOS NUESTRO PAÍS.


Para entender de lo que estoy hablando, basta una mirada a lo que ocurre en otras naciones hermanas.


En el año pasado, la economía norteamericana, a la cual estamos estrechamente vinculados, creció en apenas 2% y sufrió un aumento del desempleo.


El mercado de valores de la principal economía del mundo cayó bruscamente, lo que significó la pérdida de trillones de dólares de riqueza del pueblo norteamericano.


Las economías europeas sólo crecieron en 0.7% y evidenciaron también pérdidas de empleo. Japón continuó transitando por el sendero de crecimiento negativo el año pasado.


En nuestra región el deterioro de la economía fue significativo, registrándose una caída del Producto Interno Bruto de 0.5%. Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Haití registraron crecimientos negativos.


En el resto de la región el crecimiento fue bajo.


Chile, considerada la economía más sólida del Continente, apenas creció un 1.8%. México luchó, pero no pudo sobrepasar el 1.2%.


En Centroamérica el avance de la producción se limitó a sólo 1.6%. El ingreso por habitante cayó en casi 2% el año pasado en toda la región, mientras que la inflación se duplicó, al terminar en 11.4%.


El salario real en el Continente se desplomó en un 15%, mientras que el desempleo abierto aumentó notablemente, terminando en 9.1%. El índice de miseria, definido como la suma de la tasa de inflación y la tasa de desempleo, aumentó en la América Latina de 14.5% en el 2001 a 20.5% en el 2002.


Las finanzas públicas también sufrieron, registrándose un déficit fiscal promedio de 3.3% del producto interno bruto. Las bolsas de valores de la región cayeron en un  17%.


El 2002 será recordado en el Continente como uno de los años más deprimentes en materia de inversión extranjera directa, al caer en 30 mil millones de dólares, equivalente a una reducción del 43%, el descenso más pronunciado de la historia económica de la región.


Lo mismo sucedió con el acceso al financiamiento en el mercado internacional de capitales. Mientras en el 2001 los países latinoamericanos lograron colocar en el mercado de capitales casi 34 mil millones de dólares en bonos, en el 2002 apenas lograron colocar 16 mil millones, para una caída del 53%.


La región, en conjunto, sufrió una transferencia neta de recursos externos negativa de 39 mil millones de dólares en el 2002.


La mayoría de las monedas latinoamericanas perdieron valor el año pasado.


El peso argentino se devaluó en 237%, el peso uruguayo cayó en 94%, el bolívar venezolano se depreció en 83%, el real brasileño cayó en 54%, el guaraní paraguayo se devaluó en 52%, el peso colombiano perdió 25% de su valor, mientras la moneda mexicana se depreció en 14%.


Como se advierte, el año pasado las cosas no anduvieron nada bien en el mundo y tampoco en nuestra región. El 2002 fue un año que muchos países desearían olvidar.


Fue ese el ambiente externo que tuvo que sortear la República Dominicana durante el 2002 en su afán por seguir progresando, a pesar de las adversidades y la incertidumbre. Yo sé que la oposición política dirá que las dificultades que atravesamos son culpa del Gobierno que presido. Están en su derecho.


Pero invito a todos a ponderar los factores en forma racional. En todas partes del mundo se viven fuertes dificultades económicas. Y en todos los países del mundo los que están en la oposición dicen que esas dificultades son culpa de sus gobiernos.


¿Será que todos los gobiernos del mundo están haciendo las cosas mal? ¿O será cierto que la crisis de la economía global nos está afectando a todos? No aceptemos explicaciones simplistas, que sólo contribuyen a socavar la solidaridad
que necesitamos entre nosotros.


La realidad es que la magnitud del choque externo que hemos enfrentado ha sido inmensa. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que los choques externos han generado una pérdida de ingresos de turismo y zonas francas durante los años 2001 y 2002 ascendente a 2 mil 350 millones de dólares, cuando se comparan los ingresos percibidos en esos dos años, con los que se hubiesen recibido si se hubiera mantenido la tendencia de crecimiento del período 1993-2000.


A pesar de ello, nuestra economía logró crecer en 4% durante el 2002, un nivel notablemente superior a la tasa negativa de 0.5% que registró el promedio de los países de la región.


Sólo Perú, que se benefició de una colocación de 1,430 millones de bonos soberanos y de un aumento de casi 900 millones en la inversión extranjera, pudo crecer a una tasa mayor que la República Dominicana.


El crecimiento que tuvimos el año pasado permitió reducir la tasa de desempleo abierto de 6.5% a 5.9%, un resultado que contrasta con la tendencia latinoamericana y mundial.


La inflación, sin embargo, subió a 10.5%, producto en gran parte de la depreciación del peso dominicano, la eliminación del subsidio a la electricidad y el aumento de los precios de los combustibles provocado por el alza de los precios del petróleo.


El esfuerzo fiscal que realizamos en el último trimestre del 2002, nos permitió reducir el déficit del sector público a cerca de 2% del PIB, uno de los más bajos de la región.


El déficit de la cuenta corriente alcanzó 869 millones de dólares, debido principalmente a la caída en los ingresos del turismo y las zonas francas.


En el pasado año, la inversión extranjera directa alcanzó 961 millones de dólares, mostrando un descenso de 5%, inferior a la reducción de 43% que registró la América Latina.


La deuda del sector público se redujo a 21.4% del producto interno bruto. En el 2002, tuvimos una depreciación significativa en el valor del peso dominicano, la cual alcanzó un 25%.


Esta depreciación se produjo a pesar de que el Banco Central redujo sus reservas de divisas en 38%.


Obviamente, no estamos todo lo bien que queremos. Pero nadie puede negar que estamos enfrentando mejor la crisis, que la mayoría de los países de la región.


Reconozcamos nuestras fortalezas, no sólo nuestras debilidades. Porque en esas fortalezas tenemos que apoyarnos para solucionar los problemas.


Nuestra economía exhibe fundamentos sólidos, como reconocen los organismos multilaterales, expertos y analistas internacionales.


Pocas naciones de la región pueden mostrar un record de reformas económicas, sociales y políticas tan profundas, como las que nuestro país ha implementado desde 1990.


Son esas reformas, señoras y señores, las que han permitido convertir a la República Dominicana en el país de mayor crecimiento económico de la América Latina y el Caribe durante los últimos 12 años.


Un crecimiento económico que ha sido motivado por sólidos niveles de inversión doméstica y ahorro nacional.


Una inversión, que ha sido encabezada principalmente por el sector que la debe liderar: nuestro pujante y tenaz sector privado.


Somos una de las economías de la región con menor presencia de empresas estatales.


Contamos con uno de los mercados laborales más flexibles de la región. Contamos con una base bien diversificada de ingresos de divisas.


Los ingresos de turismo y las remesas siempre han sido mayores al déficit comercial de la balanza de pagos.


Los dominicanos estamos conscientes de que el capital no es el recurso abundante en nuestra economía.


Por esa razón, la estrategia de desarrollo ha reconocido la importancia de establecer un sistema económico y un marco legal que incentiva la inversión extranjera, la cual nos ha permitido financiar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.


Sólo el año pasado, logramos atraer a inversionistas como las cadenas hoteleras Marriot, Crown Plaza, el resort Cap-Cana, el Parque Acuático para Delfines, en Puerto Plata, Fantasy World, en Santo Domingo, el Puerto Multi-Modal Caucedo, las mineras Placer Dome y Unigold Resources, la Cavendish para la elaboración de etanol a partir de la caña de azúcar, y el Grupo Cemento Andino, entre otras.


Exhibimos uno de los mejores perfiles de deuda pública de toda la región.

La República Dominicana es uno de los países con menor nivel de deuda pública. Lo anterior se debe a que hemos manejado las finanzas públicas con responsabilidad y prudencia.


El Fondo Monetario Internacional registra, por ejemplo, que el déficit del sector público alcanzó un 3% del PIB en 1999. La misma institución señala que en el 2000, gracias al esfuerzo que hicimos en los últimos cuatro meses de ese año, el déficit del sector público se redujo a 2% del PIB, nivel que se ha mantenido en los últimos dos años.


Y esto lo hemos logrado, sin acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Lo hemos alcanzado, gracias al compromiso que tiene mi Gobierno con la estabilidad. Mientras otros países del Caribe que en el 2002 tenían acuerdos con el Fondo
Monetario Internacional, terminaron con un déficit fiscal de 8% del PIB, el doble del que habían acordado con el Fondo, nosotros, sin tener acuerdos, hemos reducido a la mitad, el déficit que heredamos en el 2000.


Eso es un ejemplo claro, de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. La misma que hemos exhibido en el pago de nuestros compromisos. Como los 827 millones de pesos de la deuda heredada del INESPRE y que pagamos
en esta administración.


Como los 353 millones de pesos de la deuda heredada de la Lotería Nacional y de la cual hemos pagado dos tercera parte en esta administración.


Como los certificados de reconocimiento de deuda pública, que debieron ser pagados por el Gobierno pasado, pero terminaron siendo pagados por el nuestro.


Como vemos, nuestros fundamentos económicos son muy sólidos.


Son esos fundamentos, los que nos han permitido colocar exitosamente bonos soberanos en el exterior, pues los inversionistas institucionales han reconocido, que nuestra economía ha demostrado tener suficiente resistencia frente a las
adversidades externas.


Fue por esos fundamentos que logramos colocar estos bonos a tasas de interés más bajas que las logradas por países con calificación de riesgo mejor o similar a la nuestra.


Mientras Colombia, que tiene una calificación de riesgo un grado mejor a la nuestra, tuvo que pagar una tasa de interés de 11%, nuestro país logró una tasa de 9%. Mientras Perú, que tiene una calificación de riesgo similar a la nuestra, pagó que
pagar una tasa de interés superior al 10%, nosotros logramos un 9%.


Nuestros fundamentos económicos están siendo puesto a prueba nuevamente.


El notable esfuerzo realizado por el Gobierno y el sector privado han creado las condiciones para una recuperación impresionante del sector turismo.


En noviembre pasado la llegada de turistas se incrementó en 32%, en diciembre en 34%, en enero de este año en 36% y en las primeras tres semanas de febrero en casi 20%.


Las zonas francas se han dinamizado desde el pasado mes de septiembre, previéndose que en el 2003 lograremos aumentar las exportaciones de manufacturas en cerca de 5%.


A pesar de este giro favorable del turismo y las zonas francas, la situación externa se ha deteriorado en las últimas semanas, debido al aumento excesivo de los precios del petróleo.


El barril de petróleo que en 1998 costaba 14 dólares, en el día de ayer se cotizaba a 38, es decir, 171% más caro. Para una economía que no produce petróleo, ese choque necesariamente se traduce en presiones sobre la tasa de cambio, las cuales
volvieron a surgir durante las primeras semanas de este año.


Por esa razón tomamos la decisión de intensificar el ahorro fiscal y el monto de la desmonetización en el Banco Central.


Ya hemos desmonetizado 700 millones de pesos en apenas dos meses, a pesar de que el compromiso con el sector empresarial era de 100 millones mensuales. Que nadie tenga dudas. Desmonetizaremos lo que sea necesario para devolver la
estabilidad al mercado de divisas.


Si para estabilizar nuestra moneda se necesita un aporte mensual de 300, 400 ó 500 millones de pesos adicionales, el Gobierno realizará el sacrificio que sea necesario, para alcanzar la meta de reducir y luego estabilizar la tasa de cambio.


La estabilidad de la tasa cambio y de los precios, deberá beneficiar, preponderantemente, a las familias de clase media y los más pobres. Entendemos, sin embargo, que no sólo el Gobierno debe ajustar su gasto y ahorrar en estos tiempos difíciles.


El sector privado, principalmente, el que adquiere bienes y servicios suntuarios, debe contribuir, ajustando su patrón de consumo, reconociendo que en estos tiempos, todos debemos aportar al mantenimiento de la estabilidad.


En otras palabras, la equidad demanda que la carga se distribuya entre todos. Cuando una sociedad democrática no pasa la prueba de la equidad y la justicia, se pone en riesgo la libertad y la paz social.


Creemos que el ajuste es necesario. Pero si el ajuste no es equitativo, recayendo únicamente sobre los que menos tienen, y dejando a todos los demás “livin la vida loca”, estaríamos ignorando los principios éticos que deben sustentar a una política
de estabilización económica.


El ajuste debe ser compartido. El Gobierno está aportando y seguirá aportando su cuota. El sector privado debe aportar la suya, aceptando los rigores de una política monetaria más restrictiva, que persiga la reducción en el gasto privado suntuario.
No son pocas las voces que a diario piden al Gobierno que reduzca el gasto corriente. Ni pocos los que piensan que el Gobierno no escucha.


A diferencia de otros, escuchamos, ponderamos y actuamos de acuerdo al interés nacional.


Estamos conscientes de la necesidad de mantener un balance adecuado entre el gasto corriente y el gasto en inversión.


El Gobierno anterior, lamentablemente, permitió que el gasto corriente aumentase de 56% del total de los gastos cuando entró, a 74% cuando salió. Poco a poco hemos ido revirtiendo esa tendencia.

El año pasado, el gasto corriente se redujo a 71% del gasto total, inferior al nivel que heredamos en agosto del 2000.


En los últimos meses, casi al unísono, múltiples voces, de diferentes colores y estratos, desde los rincones de la oposición política hasta las torres de la cúpula empresarial, claman al Gobierno por una reducción en la nómina pública.


Lo que se pide es que el Gobierno reduzca su personal. Quien les habla ha escuchado pacientemente ese reclamo. Creo que ha llegado el momento de que el país y la opinión pública conozcan toda la verdad sobre el tema del exceso de personal en la administración pública.


Al escuchar este reclamo, da la impresión de que ha sido esta administración la única responsable del exceso de personal existente en el Gobierno.


Parecería que los gobiernos anteriores no contribuyeron a la creación del exceso de personal en la administración pública.


Al final del 2002, el total de empleados en el Gobierno ascendía a 378 mil. Cuando recibimos el Gobierno en agosto del 2000, el total de empleados públicos ascendía a 331 mil.


Se puede deducir, por tanto, que en esta administración del Partido Revolucionario Dominicano, organización que cuenta con más de un millón y medio de miembros, el aumento del empleo en la administración pública ha sido de 47 mil personas.


De este aumento, 9 mil se originan en la creación de 5 nuevas Secretarías de Estado, 13 mil en la contratación de nuevos maestros, y 12 mil en la incorporación de nuevos miembros en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.


La administración del Partido de la Liberación Dominicana recibió en agosto de 1996 un nivel de empleo en el Gobierno ascendente a 283 mil personas. Cuando sale del poder en agosto del 2000, nos entrega una administración pública
con 331 mil empleados.


Esto revela que, un partido político que apenas tenía en su haber 13 mil miembros, aumentó el empleo en la administración pública en 48 mil, sin incluir a los que cobraban sin trabajar bajo el PEME.


El empleo público también aumentó significativamente de 1992 a 1996, bajo la administración del Partido Reformista Social Cristiano. En ese período el empleo en el Gobierno se incrementó en 33 mil personas.


Me distanciaría de la verdad si negara que el Partido Revolucionario Dominicano tiene una cuota de responsabilidad en la creación de este problema.


Pero también me apartaría de ella, si negara que tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido Reformista Social Cristiano, tienen una importante cuota de responsabilidad en el exceso de personal que existe en la administración pública. Tienen razón los empresarios cuando señalan que un Estado eficiente no puede operar con exceso de personal.


Pero también soy el primero en señalar que la dilación por décadas en el establecimiento de un sistema de Seguridad Social no dejó más opciones a los partidos que la oferta de empleos en la administración pública, como mecanismo de promoción de la necesaria solidaridad social.


El gobierno que presido es un Gobierno que escucha, pondera y luego actúa. El enfoque tradicional sugerido a los países en desarrollo que enfrentan problemas de exceso de personal en la administración pública, es la implementación de programas
de retiro voluntario, financiados por organismos multilaterales, dentro de los proyectos de Reforma y Modernización del Estado.


Estoy instruyendo al Secretario Técnico de la Presidencia, para gestionar el apoyo financiero y técnico al Banco Mundial en la preparación de un proyecto de adecuación de la administración pública.


Todos debemos reconocer, sin embargo, que el diseño y ejecución de estos programas de retiro voluntario, con financiamiento multilateral, requiere cierto tiempo.


Mientras este programa se elabora, el Gobierno considera que es posible realizar esfuerzos adicionales para avanzar en el cumplimiento de los compromisos que hemos asumido con el sector privado.


En el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento Económico, el Gobierno que presido se comprometió con el empresariado a congelar la nómina a los niveles de agosto del
2000.


El Pacto, sin embargo, no tuvo en cuenta que dejar esta tarea exclusivamente al Gobierno, podría dar lugar a una cacería de brujas que quién les habla nunca promoverá.


Eso, señoras y señores, no es una tarea que deba dejarse únicamente al Gobierno. No lo es, si lo que perseguimos es un proceso transparente, equitativo y eficiente. No lo es, si lo que perseguimos es un proceso afianzado en la confianza y la
credibilidad que deben exhibir sus ejecutores.


Anuncio al país, que mañana procederé a firmar el Decreto que crea, la Comisión Nacional para la Adecuación del Personal en la Administración Pública, la cual estará conformada por la Presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, quien la
presidirá, el Presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Monseñor Agripino Núñez Collado en representación del Diálogo Nacional, un representante del movimiento Participación Ciudadana y un representante de la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios.


También incluirá un representante del Partido de la Liberación Dominicana, un representante del Partido Reformista Social Cristiano, un representante del Partido Revolucionario Dominicano, un representante de los partidos minoritarios y el
Secretario de Estado de Trabajo.


Esa Comisión deberá presentar en un período máximo de 90 días, una propuesta de adecuación gradual del personal en la administración pública, que permita al Gobierno ir honrando el compromiso asumido en el Pacto con el sector empresarial.
Pueblo dominicano:


Los asuntos críticos que hoy enfrentamos no son los niveles de las tasas de interés ni los acuerdos a que lleguemos para adecuar las finanzas públicas y garantizar la estabilidad.


Reconozco que estos son asuntos muy importantes que merecen nuestra especial atención y esfuerzo.


Pero nuestra fascinación por los números y los indicadores macroeconómicos, no deberían llevarnos a olvidar los asuntos verdaderamente cruciales.
Y estos son, los problemas de pobreza extrema que afectan a cientos de miles de familias dominicanas.


Son esos problemas que afectan a nuestra gente más pobre, los que han marcado el norte de nuestra acción de gobierno.


A veces, sin embargo, las dificultades transitorias que enfrentamos, impiden ver el conjunto de la obra que estamos llevando adelante.


Este es un Gobierno de acción, de acción positiva. Y esa acción positiva, ya está rindiendo frutos muy importantes.


He instruido a todos los Secretarios de Estado para que en los próximos días, den cuenta detallada a la población, de los logros en cada una de sus áreas. Pero permítanme destacar aquí algunos de estos logros, en las materias que para
nosotros son prioritarias.


Hemos logrado un mejoramiento sustancial en la calidad, la cobertura y la gestión pedagógica en el sistema educativo.


Cuando se escriba la historia de este período con una mirada más larga, se podrá apreciar la gran transformación educativa que estamos viviendo. No serán sólo los historiadores: serán los niños de hoy los que recuerden mañana estos años y cómo transformaron sus vidas.


Cómo se fue rompiendo, en la República Dominicana, el círculo que transmitía la pobreza de generación en generación. La desnutrición escolar ha descendido de 19% en 1995 a 8% en el 2002. En otras palabras, ha caído a menos de la mitad de lo que era hace 7 años.


La cobertura ha aumentado en todos los renglones de edad, pasando de 18 a 38% para la población escolar de 3 a 5 años; de 60 a 77% para la población escolar de 5 años; de 88 a 93% para la población escolar de 6 a 13 años, y de 27 a 35%, para la población entre los 14 y 17 años.


Estos resultados han sido impulsados, entre otros, por la profesionalización de 10 mil 800 docentes y directivos; la distribución de 8 millones de libros; la instalación de 250 casas infantiles con 2 mil 200 educadoras para atender a 16 mil niños y niñas, y el otorgamiento de becas a más de 11 mil estudiantes pobres.


Además, se han instalado 344 laboratorios de informática; 90 aulas virtuales; y mil 700 computadoras en el nivel central y regional.


A lo anterior se agrega un esfuerzo sin precedentes en la terminación de 223 planteles; la creación de 102 nuevos liceos; y la construcción de 11 politécnicos, equipados con la más alta tecnología.


En estos dos años hemos construido y rehabilitado 9 mil 230 aulas, y este año incorporaremos otras 6 mil 400, para un total de 15 mil 630, un 40% más que el esfuerzo realizado por la pasada administración en 4 años.


Estos esfuerzos han producido resultados notables. Un solo dato: en el último año, la inscripción de bachilleres en la educación superior, aumentó en un 32%.


El futuro está ahí. Este país que está naciendo, es el que tenemos que cuidar. En el área de la salud, durante el año 2002, hemos realizado grandes esfuerzos para asegurar una modernización del sistema de gestión con la participación de la
comunidad, así como una mayor cobertura, efectividad y calidad de los servicios de salud y seguridad social.


Hemos logrado avances importantes en los casos de muertes maternas, las que se redujeron de 269 por cada 100 mil madres en 1999, a 116 en el año 2002. De igual
manera la mortalidad infantil se redujo de 47 por 1,000 en el año 1996, a 31 en el año 2002, según revela la última encuesta ENDESA.


Estos son logros históricos, que tenemos que cuidar. La política de prevención que hemos ejecutado ha logrado éxitos notables en la lucha por erradicar enfermedades infecciosas como el sarampión, la difteria, la tos ferina, el tétano, y la meningitis.
Hoy puedo anunciar al país que gracias a estos programas, el año pasado no se reportó un sólo caso de la meningitis prevenible por vacuna, después de haberse registrado 461 casos en el 2000.

 
 

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