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Discurso pronunciado por el Presidente de la República, ingeniero Hipólito Mejía, en el almuerzo-conferencia sobre la "Gestión de la Oficina del Defensor del Pueblo: Garantía para la Democracia",



 19/06/2002

Ingeniero Carlos Guillermo León, Presidente del Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia.

Licenciado Andrés Bautista, Presidente del Senado de la República.

Doctora Rafaela Alburquerque, Presidenta de la Cámara de Diputados.

Doctor Rafael Luciano Pichardo, Primer Vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia.

Doctor Virgilio Bello Rosa, Procurador General de la República.

Su Excelencia Hans Hertell, Embajador de los Estados Unidos.

Honorable Carlos J. López Nieves, Procurador del Ciudadano de Puerto Rico.

Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Licenciado Carlos Salcedo, Director Ejecutivo de FINJUS.

Señoras y señores:

Es un gran honor para mi participar en este almuerzo-conferencia sobre la "Gestión de la Oficina del Defensor del Pueblo: Garantía para la Democracia", organizado por la dinámica Fundación institucionalidad y Justicia (FINJUS).

No vengo a dar cátedras sobre lo que el Defensor del Pueblo significa en términos jurídicos, sino que quisiera tan sólo expresar algunas ideas en apoyo de la existencia de esta institución para el buen funcionamiento de la democracia que con tanto esfuerzo y dedicación hemos construido entre todos los dominicanos.


De la lucha del pueblo por expresarse políticamente a favor de la libertad han surgido los partidos políticos que hoy constituyen la base del funcionamiento democrático y participativo de nuestra sociedad.
 
De la fortaleza y habilidad de los partidos por representar los más diversos intereses y visiones políticas de la sociedad en un ambiente de respeto y oposición constructiva,depende la capacidad del país para impulsar un sostenido desarrollo económico y social.

 

Los dominicanos nos hemos acostumbrado a la democracia, a la libertad y al consenso. Ya la lucha no es preservar la libertad, sino por lograr que todos los sectores de la Nación, sin importar su militancia política, su posición económica o su origen social, se sientan representados y protegidos.

La incorporación de la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo a nuestro ordenamiento institucional viene a profundizar el proceso de modernización y fortalecimiento de nuestra ya madura democracia.

A este órgano se le asignan competencias para investigar, criticar y dar a la luz pública los actos administrativos, pero no para modificarlos.

Responde a la necesidad clara de proteger los derechos del ciudadano frente a laAdministración y a cualquiera entidad prestadora de servicios públicos, sea gubernamental o privada.

El objetivo del Defensor del Pueblo es inducir a la Administración Pública y a losorganismos proveedores de servicios a lograr autodisciplina y trabajar con apego a los más elevados principios de la ética pública.

Se trata de un órgano dotado de poder de persuasión y recomendación, llamado a proteger a los ciudadanos en los casos de comportamiento injusto o arbitrario a los procedimientos de la administración pública.

La tarea del Defensor del Pueblo se complica en la medida en que se trata de un entesin poder de decisión, sin poder coercitivo, aunque sí con autoridad.

El principio esencial del Defensor del Pueblo está relacionado al hecho de que el Defensor es independiente y su eficacia depende de su autoridad.

Como Presidente de la República, doy la advertencia a esta figura institucional, por cuanto abogamos que todas las ejecutorias de nuestro gobierno se realizan con el más estricto apego al principio de transparencia y respeto a los ciudadanos en todos los actos de la administración pública.

Reconocemos que el Defensor del Pueblo se erige en un verdadero contra-poder con todo lo bueno que ello tiene para el funcionamiento del sistema democrático y la garantía de las libertades públicas.



En la canalización de las quejas contra la Administración le corresponde al Defensor del Pueblo representar el interés ciudadano y tratar de modificar la actitud de laAdministración y su burocracia.



Si no logra su objetivo, su opinión constituye, de todas maneras, una especie de censura moral contra los responsables de la Administración interpelada, que estoy seguro contribuirá a propiciar un ambiente más transparente y responsable por parte de los hombres y mujeres que desempeñamos funciones públicas.



El Defensor del Pueblo es, en consecuencia, una institución que puede ayudar mucho a canalizar efectivamente las demandas de la gente y como tal es un verdadero instrumento para el fomento del diálogo político, el consenso y la mediación.



En nuestros países, en donde se violan frecuentemente los derechos de los consumidores y de los usuarios de los servicios públicos, el Defensor del Pueblo puede contribuir decisivamente a la gobernabilidad de la Nación.



¡Cuantos reclamos populares, cuantas demandas barriales, cuantas luchas comunitarias, cuantas peticiones gremiales o campesinas, cuantas quejas de residentes de apartamentos se evitarían si estuviese ya funcionando plenamente la Defensoría del Pueblo!



El Defensor del Pueblo es básicamente un contralor de las funciones administrativas, ya que de lo que se trata es de convencer a la Administración de su accionario correcto cuando ya ha aplicado la norma legal.



Al Defensor se acude cuando no existen mecanismos legales para sastifacer el reclamo del ciudadano, cuando se han agotado los recursos legales o cuando los mismos no son apropiados para resolver la querella.

 

Es el Defensor, si se quiere, el último árbitro de la sociedad, el que defiende al ciudadano cuando nadie más puede defenderlo.



De ahí la importancia de que implementemos de una vez por todas la institución del Defensor del Pueblo, como organismo contralor y vigilante de los poderes públicos, tal como se configura en la Ley No. 19-01 que tuve a bien promulgar el 1 de febrero del año 2001.

Faltará todavía mucho por hacer una vez se designe el encargado de esta Oficina que puede desempeñar un rol de primer orden para la solución de los conflictos y la defensa de los derechos humanos.



Tengo la confianza de que pronto contaremos con un Defensor del Pueblo que seaindependiente, designado o con transparencia y con apego a los perfiles de integridad, formación, experiencia y capacidad que de este funcionario se esperan.



Con el funcionamiento de la Oficina del Defensor del Pueblo estaremos dando unpaso firme en el largo y dificultoso camino de la consolidación de nuestra democracia soñada por los Padres de la Patria y que tanto esfuerzo ha costado a los dominicanos y dominicanas de buena voluntad llevarla al lugar que se encuentra.



También haremos realidad el objetivo principal del Estado dominicano que es, conforme a nuestra Constitución, proteger efectivamente los derechos de la persona en un orden de justicia social y libertad individual.



Antes de terminar felicito a la Fundación Institucionalidad y Justicia por organizar esta conferencia e invitar al Honorable Carlos J. López Nieves, Procurador de Ciudadano de Puerto Rico, a compartir sus experiencias con nosotros.

Muchas gracias.

 

 

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